A casi seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, los ocho jóvenes condenados por el crimen cumplen sus penas en distintas unidades penitenciarias bonaerenses. Algunos fueron separados por razones de seguridad o salud mental, mientras otros intentan mantener rutinas que incluyen estudios, talleres y actividades recreativas.

Cinco de ellos —Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi— fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores. Los tres restantes —Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz— recibieron 15 años por ser considerados partícipes secundarios.

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Máximo Thomsen, señalado como uno de los principales agresores, cumple su condena en el penal de Melchor Romero, donde mantiene una rutina marcada por las actividades de pabellón y el acompañamiento psicológico. 

Ciro Pertossi, hermano de Luciano y primo de Lucas, también fue trasladado a la misma cárcel, aunque en otro pabellón. Participa de talleres y mantiene contacto con su familia a través de visitas semanales.

Luciano Pertossi, de 23 años, permanece aislado por decisión del servicio penitenciario, luego de versiones sobre un intento de suicidio que su familia desmintió públicamente. Está bajo seguimiento médico constante y participa de pocas actividades grupales.

En tanto, Enzo Comelli y Matías Benicelli continúan en Melchor Romero. Ambos se suman con frecuencia a las propuestas recreativas y deportivas del penal, y asisten a talleres educativos.

Entre los tres condenados a 15 años, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz comparten el mismo régimen carcelario: realizan tareas de mantenimiento, educación física y programas de reinserción social.

El mayor del grupo, Lucas Pertossi, de 26 años, decidió encarar una nueva etapa dentro del encierro. Según contó su padre en una entrevista televisiva, se inscribió en la carrera de abogacía y participa en talleres de cocina y huerta. “Está ocupado, quiere aprovechar el tiempo”, afirmó.

Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan reclamando que las condenas queden firmes y que se mantenga el cumplimiento efectivo de las penas.